Federación de Servicios Públicos de UGT

COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL

Madrid, 30 de octubre de 2012

ERE´s en las Administraciones Públicas: el Reglamento aprobado es peor de lo esperado

 

La FSP-UGT ha señalado que el reglamento aprobado por el Gobierno es más dañino que el borrador remitido al Consejo de Estado este verano. En efecto, mientras la anterior versión verano consideraba como causa de despido colectivo la reducción del 10% de las transferencias, ahora ese requisito se rebaja al 5% anual.

El reglamento afecta al colectivo conocido como personal laboral contratado, unos 700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público, un grupo de unos 140.000 trabajadores.

Además de la definición de las causas de los despidos colectivos en la Administración, el reglamento también aclara cómo tienen que desarrollarse los expedientes de regulación de empleo, sean del tipo que sean (despidos colectivos, suspensiones temporales de empleo, reducción de jornada y sueldo). Se detalla la documentación que las empresas tienen que presentar para justificar un expediente de regulación de empleo (ERE) o se obliga a que en el tiempo obligado de negociación (un mes en las empresas de más de 50 trabajadores) haya al menos tres reuniones entre los representantes de los trabajadores y el empresario.

Tal y como adelantaba la semana pasada la Federación de Servicios Públicos de UGT, el Gobierno ha aprobado rápidamente la norma una vez pasadas las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco.

El sindicato denunció que, según establece el Reglamento, cuando la Administración de turno opta por aplicar un despido colectivo, su aprobación resulta prácticamente inmediata. Mientras en el sector privado permite un cierto margen para atenuar mediante la negociación las posibles consecuencias del despido, en el sector público se establece la presunción de que, como quien despide es una Administración Pública, el despido resulta inevitable tal cual.

Por tanto, la norma fija un procedimiento a seguir, pero para lograr un fin previamente determinado: el despido. Existe, según UGT, un ensañamiento del Gobierno con el personal laboral del Sector Público, al impedir legalmente la aplicación de medidas menos dañinas para el empleo como los ERTE o la reducción de jornada.

La intención del Gobierno no es, en ningún caso, gestionar de mejor manera los servicios públicos, sino el recorte de empleo de la manera más barata posible. Así se desprende del Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo mandó a Bruselas, donde se marcó como objetivos la reducción de la Administración Pública, la eliminación de empresas públicas y el despido de empleados públicos. Por tanto, concluye el sindicato, este Real Decreto es una herramienta de la que se dota para llevar a cabo su plan.