"El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local es sinónimo de privatización y desempleo"

08-05-2013

Joana Mor Biosca

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FSP- UGT y el Grupo de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados coinciden en valorar que la reforma de la ley de bases del régimen locla impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la futuraley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local  va a suponer el desmantelamiento de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos y una privatización de dichos servicios y un aumento del desempleo.

La medida, según FSP-UGT, va a desencadenar un "deterioro alarmante" de la atención que reciben los ciudadanos. Asimismo destacan el efecto que se producirá cuando se lleve a cabo la privatización de dichos servicios que no es otra cosa que una importantísima pérdida de empleos en el Sector Público.

Joana Mor Biosca, responsable de la Secretaría de Administración Local y Autonómica de FSP UGT se reunión en el Congreso de los diputados con la diputada de IU Ascensión de las Heras Ladera y con la diputada de ICV-EUiA Laia Ortiz Castellví con el objeto de analizar conjuntamente el citado anteproyecto de Ley.  Mor estima que con la reforma que tiene en mente el gobierno se perderán en la Administración Local más de 350.000 empleos, la mayoría empleados fijos de carácter laborales. También estima que un gran porcentaje de los mismos serán mujeres, debido a la gran ocupación de estas en los sectores de educación, sanidad y servicios sociales que prestan los Ayuntamientos.

Todos los integrantes han insistido en que el deterioro en la calidad del servicio que prestan los ayuntamientos vendrá por una doble vía. En primer lugar por el hecho de que estos pasen a ser evaluados a través del llamado “coste estándar”, que significa que todos los servicios que superen ese misterioso coste serán bien privatizados, y abonados por los ciudadanos directamente, bien asignados a las CCAA, que también los privatizaran, ya que sus cuentas públicas están exhaustas. En segundo lugar por las delegaciones de competencias hacia las CCAA, que nos lleva al plantearnos la pregunta de ¿quién será responsable de la prestación del servicio tras la reforma?