"Reclamamos la restitución de la paga extra y un gran pacto por el empleo y los servicios públicos"

Carmen Barrera

ZOOM

Las Federaciones de Servicios Públicos de UGT, CCOO y CSI-F han entregado en el registro del Ministerio de Hacienda
 una carta conjunta donde reclaman la apertura urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones
 Públicas. Los sindicatos piden al Gobierno abrir cauces de diálogo que permitan alcanzar un acuerdo para recuperar
 la parte devengada de la paga extra de navidad de los empleados públicos -requisada de manera retroactiva con la
entrada en vigor del real decreto-. Esta solicitud está en línea con los diferentes pronunciamientos judiciales que
se están produciendo en todo el Estado, y la admisión a trámite, al menos hasta la fecha, de varios recursos por parte
 del Tribunal Constitucional.

Carmen Barrera, secretaria de Acción Sindical de la FSP-UGT ha reclamado no sólo la devolución de la parte
 devengada de la paga extra, sino el reintegro a todos los empleados públicos de la paga extra de Navidad en su
 totalidad. "Los Tribunales ya nos están dando la razón en lo que se refiere a la parte devengada; el recurso planteado
 por el Gobierno de Navarra se ha admitido a trámite en el Tribunal Constitucional y en él se plantea la devolución total
de la extra"

Barrera ha calificado de "vergonzoso" el hecho de que en la mayoría de sentencias dictadas, los tribunales ven indicios
 de inconstitucionalidad en la actuación del Gobierno a quien se supone no solo garante de las leyes que rigen nuestro
 estado de derecho y los derechos de toda la ciudadanía, sino que ha de velar por el cumplimiento de la
 Constitución y ha recordado que en Portugal y Eslovenia ya se ha dictado sentencia en este sentido, contra la actuación
 de estos gobiernos, admitiendo que la supresión de la paga extra es inconstitucional.
"El Gobierno tiene aún la oportunidad de rectificar y restituir la paga extra, que no es un privilegio sino un derecho
 adquirido".

Carmen Barrera ha manifestado la preocupación de FSP-UGT por la destrucción de empleo público (330.000
empleos públicos menos, datos de la reciente EPA) y de los servicios públicos que conlleva esta destrucción de
 empleo, que está sufriendo el país y ha recordado que de la misma manera que se pide un gran pacto por el empleo,
 debe abrirse el Diálogo en las Administraciones Públicas. "La reforma que el Gobierno plantea no puede convertirse
en una sangría de lo público y en una manera de amortizar el déficit. Los servicios sociales están en peligro y es el
 conjunto de la ciudadanía quien paga las consecuencias de este deterioro. Los servicios públicos, hoy más que nunca,
 deben verse reforzados como vehículo para la cohesión social en un época en que se cierne el fantasma de la exclusión
 social en nuestro país y en toda Europa"