UGT versus Constitucional.

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UGT RECHAZA LA DECISIÓN DEL CONSTITUCIONAL DE AVALAR EL RECORTE SALARIAL PRACTICADO A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Miércoles, 15 de Junio de 2011 09:14

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado admitir a trámite, en su auto dictado el pasado 7 de junio, la primera cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional, con fecha del 28 octubre de 2010, por considerarla infundada.

A la espera de analizar en profundidad el contenido del Auto, la FSP-UGT ha mostrado su más absoluto rechazo al mismo, por la forma y, por supuesto, por los contenidos.

 La FSP-UGT ha anunciado que mantendrá su posición y hará un llamamiento a los sindicatos presentes en las Administraciones Públicas para elaborar una estrategia común para afrontar la negativa situación originada por el Auto del TC. Todo ello, sin perjuicio de que, complementariamente, se analizarán con la calma que precisa la situación con los servicios jurídicos y exprimirán al máximo las posibilidades judiciales y sindicales con las que aún cuentan, acudiendo, si fuera preciso, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Estrasburgo.

 En opinión del sindicato, una vez más el TC se ha lavado las manos y, mediante una decisión más político-económica que jurídica, decide mediante Auto -evitando así tener que fundamentar una sentencia-, de manera precipitada y superficial, avalar una medida que afectó, afecta y va a continuar afectando, a más dos millones de empleados públicos, así como al derecho fundamental de la Libertad Sindical.

Con respecto a los contenidos del Auto, que se han hecho públicos hoy, la FSP-UGT manifiesta su disconformidad con todos los argumentos esgrimidos por el alto Tribunal, pues sus afirmaciones ponen en cuestión, peligrosamente, el valor de la negociación colectiva, en cuanto a sus efectos y consecuencias, y la autonomía de la voluntad de las partes, cuestiones ambas refrendadas constitucionalmente.

En este sentido, supeditar todo, incluido el legítimo desarrollo de un derecho fundamental, a meros criterios económicos, financieros y contables, pone en entredicho el Estado Social y su incidencia sobre la necesaria democratización de las relaciones laborales.