UGT vuelve a intentarlo.

TRAS UN AUTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

15.000 trabajadores de la región, en el limbo laboral

Eldigitalcastillalamancha.es

UGT ha vuelto a convocar tanto a las dos patronales de residencias privadas, como al sindicato CCOO, a retomar la negociación del convenio colectivo de este sector, a fin de acabar con el "limbo" en el que se encuentran los cerca de 15.000 trabajadores que en Castilla-La Mancha prestan este servicio.

Y es que según han asegurado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, María del Carmen Campoy, y el abogado de esta federación, José Carlos Arroyo, para cerrar este acuerdo "no hay que hacer un gran esfuerzo", pues solo habría que revisar las tablas salariales del texto del convenio que estaba terminado en junio del año pasado y que finalmente no se cerró.

El problema surgió, han asegurado, cuando de "un día antes de firmar ese sexto acuerdo", la patronal, en la que hubo cambios de dirección, se opuso a firmar el documento en los términos que estaba establecido, después de un año y medio de trabajo.

Este desacuerdo ha propiciado que a los trabajadores de este sector se les esté aplicando dos convenios diferentes, el estatal y el regional no actualizado, y que las patronales, sobre todo ARTECAM, aplique de "forma torticera lo peor de los dos convenios en función de lo que les conviene", han lamentado desde UGT.

Antecedentes

El hecho de que las patronales estén aplicando ambos convenios es resultado de la falta de acuerdo, una vez rota la negociación colectiva, entre UGT y CCOO, un asunto que ha llegado a los tribunales.

Según ha explicado Arroyo, tras la ruptura de la mesa de negociación, mientras UGT era partidaria de seguir negociando, CCOO planteo la posibilidad de meter a este sector y a los trabajadores de la región en el ámbito del convenio estatal de atención a personas dependientes.

"UGT no era partidaria de esta salida, porque si el convenio estatal económicamente era mejor, era regresivo en lo concerniente a otros derechos", ha proseguido el abogado de la FSP de UGT. Esto provocó que CCOO planteara una demanda de conflicto colectivo que instaba extender a la región el convenio estatal del sector, y subsidiariamente el mantenimiento del regional.

Ante este conflicto, ha proseguido Arroyo, en diciembre del pasado 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia, y en ella obliga a aplicar el convenio estatal con efecto retroactivo desde 2009.

Esto, ha asegurado el responsable de UGT, "ha supuesto una catarsis en el sector porque la patronal no estaba dispuesta a asumir la subida salarial que obligaba", de tal modo que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, mientras los sindicatos piden su ejecución.

El TSJCM ha dictado un nuevo auto, ha explicado Arroyo, en el que ordena que no se ejecute la sentencia anterior, pues alega que pueden surgir problemas por "la forma en que CCOO ha planteado la ejecución del convenio, que no individualiza ni las empresas, ni a los trabajadores afectados".

"Eso significa que el sector va a permanecer en un limbo indeterminado hasta que se produzca la sentencia del Tribunal Supremo, algo que no sabemos cuándo puede ser", ha apuntado el abogado de la FSP de UGT.

Por ello, UGT ha pedido a sus territoriales que exijan a las patronales que las empresas relacionadas expliquen si aplican un convenio o el otro, hasta que salga el Supremo se pronuncie, porque este sindicato "no va a consentir que las patronales se acojan a suprimir derechos, sin aplicar los preceptos obligarotios".