La Oficina Española de Patentes y Marcas y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) tuvieron que meter en plantilla a 121 trabajadores por contratación ilegal. Además, los costes del personal ajeno eran, en este caso, significativamente superiores a los del personal propio.
El informe del TC dice que "el personal puesto a disposición por las empresas contratistas fue asignado frecuentemente por ellas a la realización de cometidos distintos de los que constituyeron el estricto objeto de los contratos de consultoría y asistencia y de servicios. Por añadidura, los costes del personal ajeno eran, en este caso, significativamente superiores a los del personal propio".
Según informa el Extraconfidencial.com, el pasado 29 de febrero el Tribunal de Cuentas presentó una moción al Congreso sobre la necesidad de “evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales, al margen de los procedimientos públicos de selección de personal legalmente establecidos”.
En el Informe de fiscalización de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas con fecha14 de julio de 2005, se constató que en dicho ejercicio se produjo la incorporación al organismo de ochenta y dos trabajadores y de otros veinte en el año 2003, como consecuencia del cumplimiento y ejecución de diversas sentencias judiciales, cuyo fundamento de derecho se basó en la “cesión ilegal de trabajadores”, según se contempla en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Las 102 personas incorporadas habían trabajado para el organismo como empleados de las empresas con las que aquél había suscrito, desde el año 1996, sucesivos contratos administrativos de servicios.
Una situación análoga se puso de manifiesto en el Informe de fiscalización del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ejercicio 2004 aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas con fecha 17 de enero de 2008. El citado organismo suscribió un contrato de servicios de grabación de datos, que fue objeto de sucesivas prórrogas. En 2005, diecinueve personas, que en ese año estaban prestando los servicios de grabación contratados, interpusieron demandas ante los Juzgados de lo Social de Madrid, en unos casos en reclamación de derechos y cantidades y, en otros, como consecuencia de despidos.
