En este blog, hemos tenido la oportunidad de leer varias versiones de un
mismo hecho que, mucho nos tememos, se convertirán en la principal arma
arrojadiza en el próximo periodo electoral. Cada persona ofrece sus
explicaciones según su propio interés, eso es normal, lanzándose todo tipo de
acusaciones para convencer a la ciudadanía de la bondad de sus actos y así,
este convencimiento se traduce en votos.
Pues bien, este es el momento para que los trabajadores y las
trabajadoras ofrezcamos nuestra visión sobre el debate privatización versus
externalización, ofreciendo un punto de vista diferente.
De un tiempo a esta parte, ha surgido una tendencia modernizadora en la
Administración Pública llamada externalización
(outsourcing,
en
terminología anglosajona), o enfoque
neopúblico para las personas más leídas.
Es positivo que nos situemos, y que repasemos los conceptos que vamos a utilizar. Así pues,
podemos decir que las características de
un servicio
público serían: actividad propia de la Administración Pública, de prestación positiva
(la Administración es responsable), en la que mediante un procedimiento de
Derecho Público (es decir, con unas garantías especiales), se asegura la
ejecución regular y continua (con una calidad estable y sin interrupciones),
por organización pública o por delegación, de un servicio técnico indispensable
para la vida social, garantizando los principios
de universalidad, equidad y solidaridad.
Por el contrario, la externalización
consiste en confiar a agentes externos la organización, parte de la producción
o de los servicios, con el fin de mejorar la posición competitiva de la
empresa. Conceptualmente, la externalización se apoya en el principio de
privatización y contractualización, según el cual las actividades que puedan
ser desarrolladas por el sector privado no tienen que ser retenidas por el
sector público
Estos referentes procedentes del sector de lo privado, se aplican a la
gestión pública para, según nos dicen, impulsar la trasformación organizativa
haciendo un énfasis casi exclusivo en los conceptos de eficiencia y eficacia,
con escasos matices, pero sin realizar los cambios necesarios desde el
interior. Los factores que impulsan a la externalización de servicios públicos
son a menudo de índole económica, de búsqueda de una reducción de costes a
corto plazo, como respuesta a un entorno crecientemente inestable. Esto provoca
que se lleve a acabo procesos de externalización de tipo competitivo que, a su
vez, generan más inestabilidad del entorno, con lo que se cierra un bucle marcadamente
negativo, del que los beneficiarios son una minoría. Esto sólo puede concluir
en un fracaso de la prestación del servicio.
Un ejemplo claro de este efecto
perverso de la externalización de servicios públicos, por su marcado criterio
competitivo, lo tenemos en nuestra
población. La ciudadanía azudense conoce que la Residencia de Personas Mayores
“La Alameda”, es de titularidad pública (JCCLM) pero “gestionada” por una
empresa privada (SERGESA). Pues bien ¿Qué
consecuencias tiene para las personas mayores depender de un prestador de
servicios ocupado principalmente en obtener beneficios reduciendo costes?
Una segunda consecuencia, de un mayor alcance y que cuyos efectos no se perciben a largo
plazo, tiene que ver con la dimensión de la Administración Pública y con la capacidad que tiene para influir en su
entorno. Toda Administración Pública, y la filosofía que la impulsa, puede ser una corriente transformadora del la
sociedad en su sentido más amplio, como así se recoge en nuestra Carta Magna en su Título I, Capítulo III (de
los Principios Rectores de la Política Social y Económica). Para que lo
entendamos bien, según sea su comportamiento en esta materia podrá generar un
entorno estable, materializado en relaciones y condiciones laborales dignas
para el personal, lo cual redundará en beneficio de la ciudadanía; o bien puede
dar lugar a un entorno inestable, abusando de la temporalidad laboral o de
condiciones laborales de mínimos, además de las nefastas consecuencias que esta
situación tendría en las personas usuarias de los servicios.
Tomando esta reflexión como premisa, y buscando siempre la
transformación en positivo de nuestra sociedad, consideramos que la mejora de
lo Público debe efectuarse contando con todas las personas implicadas en el mismo
(gestores/as, personal y ciudadanía), por supuesto sin olvidar las premisas de
la Constitución de 1978. El buen
hacer, la profesionalidad, la especialización, la atención y el servicio a la
ciudadanía o la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos,
no están reñidos con su modalidad de prestación, estos valores no son
patrimonio de nadie. Nuestros compañeros y compañeras lo demuestran cada día.
Por último apelamos a la consabida vocación
de servicio de la clase política para que se una a esta reflexión. Desde el
mundo del trabajo, ya hace tiempo que la hicimos.
Un saludo
fraternal.
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