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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha anulado la parte del Decreto por el que la Comunidad de
Madrid suprimió el CEIP Miguel Ángel Blanco del Álamo de la lista de
centros públicos de la región al estimar que la decisión no se ajustó a
Derecho al ir en contra de la Ley que regula esta materia, según
informa Europa Press.
En una sentencia hecha pública este viernes,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto
por la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. contra el Decreto de
mayo de 2008 que se refería a la creación y reorganización de los
centros públicos de Educación Infantil y Primaria para el curso escolar
2008-2009.
“Elementos claros de ilegalidad”
La privatización del Miguel Ángel Blanco provocó que los padres de los 80 alumnos del centro convocaran diversas concentraciones ante el Ayuntamiento de esta localidad madrileña. La ex portavoz de IU en la Asamblea de Madrid Inés Sabanés aseguró entonces que había "elementos claros de ilegalidad”.
“Desviación de poder”
En su recurso, el sindicato impugnó la norma al considerar que la supresión del CEIP Miguel Ángel Blanco carecía de motivación. Además, CC.OO. consideró que con esa decisión, la Comunidad de Madrid incurrió en "una desviación de poder".
Decisión contraria
En el examen de los motivos, la Sala reseña que los datos de escolarización del municipio "obligaría justamente a adoptar la decisión contraria y a mantenerlo como público para satisfacer la gran demanda existente en el municipio y la adecuada prestación del servicio público", informa Europa Press.
“Elementos claros de ilegalidad”
La privatización del Miguel Ángel Blanco provocó que los padres de los 80 alumnos del centro convocaran diversas concentraciones ante el Ayuntamiento de esta localidad madrileña. La ex portavoz de IU en la Asamblea de Madrid Inés Sabanés aseguró entonces que había "elementos claros de ilegalidad”.
“Desviación de poder”
En su recurso, el sindicato impugnó la norma al considerar que la supresión del CEIP Miguel Ángel Blanco carecía de motivación. Además, CC.OO. consideró que con esa decisión, la Comunidad de Madrid incurrió en "una desviación de poder".
Decisión contraria
En el examen de los motivos, la Sala reseña que los datos de escolarización del municipio "obligaría justamente a adoptar la decisión contraria y a mantenerlo como público para satisfacer la gran demanda existente en el municipio y la adecuada prestación del servicio público", informa Europa Press.
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