martes, 31 de mayo de 2011

Libertad Sindical Militar.

DEFENSA

La libertad sindical en establecimientos militares, a debate en el Senado por iniciativa de FSP-UGT.

27-05-2011

La FSP-UGT muestra su satisfacción por la entrada en el Senado del proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, tras ser aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados.

El texto recoge una de las iniciativas más demandadas por este sindicato, relativa a la libertad sindical que debería poder ejercer el personal civil de defensa en los establecimientos militares, hasta ahora negada mediante la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985.

El precepto que, junto con el resto del articulado del proyecto, deberá analizar el Senado, establece que “ El personal civil que ejerza el derecho reconocido en el artículo 2.1.d) en unidades, buques y demás establecimientos militares deberá tener en cuenta y respetar el principio de neutralidad política y sindical de los miembros de la Fuerzas Armadas y ajustarse a las normas sobre actividad sindical de los empleados públicos”

A jucio de la FSP-UGT, la anterior previsión supondría un paso más en la definitiva democratización del ámbito militar, al posibilitar, al fin, el ejercicio de la actividad sindical que durante tantos años ah sido negada injustificadamente en un Estado democrático y de Derecho.

UGT ha luchado por esta iniciativa de forma sucesiva, desde la publicación de la Ley de 1985, habiendo emitidos en sucesivos Congresos, Resoluciones al Gobierno indicando la necesidad de derogar un precepto que vulneraba el derecho a la libertad sindical de forma expresa. Los últimos Congresos celebrados, tanto de ámbito federal como confederal, dan prueba de ello. Asimismo, se ha puesto de manifiesto constantemente esta necesidad a los diferentes grupos parlamentarios habiendo emitido el pasado mes de marzo esta reivindicación a estos grupos.

La FSP-UGT espera que el Senado avale esta iniciativa y posibilite, en lo que se refiere a su tramitación, un avance sustantivo en el reconocimiento de los derechos sindicales, previstos y reconocidos en su máxima amplitud en la Constitución española, con el objetivo de fortalecer la sociedad democrática de nuestro país.

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