miércoles, 16 de junio de 2010

HAGAMOS HISTORIA, CON LAS MAYORES PROTESTAS LABORALES

4-12-1988 Contra el plan de empleo juvenil de Felipe González 

La huelga con mayor seguimiento fue la tercera que se convocó, en diciembre de 1988. Antes, los sindicatos realizaron una movilización de una hora contra el paro, en 1978, y CCOO hizo otra contra la reforma de las pensiones, en 1985. El detonante de la tercera fue un plan de empleo juvenil, pero la protesta se amplió a la política económica del Gobierno de Felipe González. El 12 de noviembre, las ejecutivas de UGT y CCOO, dirigidas entonces, respectivamente, por Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, acordaron convocar un paro general de 24 horas para el 14 de diciembre, con el fin de forzar un giro social en la política económica del Ejecutivo. 

27-01-1994 Paro de 24 horas para frenar la reforma laboral  

Después de un paro de media jornada en 1992, los sindicatos protagonizaron dos años después una nueva movilización tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno para una reforma laboral. A finales de noviembre de 1993, y con las Navidades por medio, UGT y CCOO convocaron una jornada de protesta para el 27 de enero siguiente. El Gobierno, que aprendió la lección del 14-D, intentó minimizar el impacto de la huelga, que finalmente tuvo un seguimiento desigual. El paro fue mayoritario en las grandes empresas, en los cinturones industriales de las ciudades y en la construcción, pero muy escaso en los servicios. 
 
20-06-2002 Éxito de la huelga contra el ‘decretazo' de Aznar

 
El Gobierno de José María Aznar también tuvo que hacer frente a una huelga general. El 23 de mayo de 2002, las direcciones de UGT y CCOO acordaron la convocatoria de un paro el 20 de junio contra el decreto ley que reformaba la protección del desempleo. La movilización tuvo un amplio seguimiento, y el Ejecutivo del PP suavizó apreciablemente los aspectos más discutidos del decreto ley, aunque no lo retiró. Los sindicatos ganaron también en los tribunales, pues en 2007 el Constitucional invalidó la norma, argumentando que la materia de la que trataba no justificaba el carácter urgente propio de un decreto ley.

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